By Piero A. Tozzi, J.D.
(NUEVA YORK - C-FAM) El Parlamento de Timor Oriental, pequeña nación
católica al sudeste de Asia que fue reconocida como Estado
independiente en 2002, resistió la presión ejercida por agencias de las
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales (ONG)
pro-abortistas al promulgar el derecho penal que había sido sometido a
revisión y en el que se penaliza el aborto en prácticamente todos los
casos.
Con una votación de 45 a 0 y sólo siete abstenciones
sobre el párrafo operativo principal, el Parlamento mantuvo las
sanciones penales para el aborto, excepto en casos en el que constituye
la “única vía" para evitar la muerte de la madre, de acuerdo con lo
certificado por tres médicos independientes. En un párrafo preambular
se establece que la vida “desde el momento de la concepción” tiene
derecho a ser protegida. Quienes practiquen un aborto, recibirán una
pena de hasta ocho años de prisión, dependiendo de las circunstancias.
La ley también reconoce el derecho de conciencia para los médicos que
se rehúsen a realizar abortos.
Fueron rechazados los
intentos de ampliar las excepciones e incluir los casos de anormalidad
fetal y embarazo por violación. Además, una ley en favor del aborto que
contemplaba numerosas excepciones en aquellos casos en los que la salud
mental o física de la madre se veía afectada, que había sido adoptada a
comienzos de abril por la rama ejecutiva del Consejo de Ministros,
quedó invalidada la semana pasada, a raíz de este proceder legislativo.
Tras el cese de la ocupación indonesa en 1999, Timor
Oriental fue administrada por las Naciones Unidas hasta que logró su
independencia. El código penal preexistente, heredado de Indonesia,
prohibía el aborto en todos los casos.
Timor Oriental ha
estado en el blanco del movimiento pro-abortista internacional. La
Fundación Alola, una ONG respaldada por el Fondo de Población de la ONU
y presidida por la Primera Dama timorense, quien es de origen
australiano, intervinieron repetidas veces en el debate local, para
conseguir la despenalización del aborto.
Por el contrario, se dice que las ONG de base con miembros nacionales, como la Organização das Mulheres Timorenses, cuya
autenticidad se estableció durante el período de resistencia a la
dominación indonesa, se oponen a la despenalización, lo cual refleja el
sentir de los timorenses.
Una ONG internacional
sustentada por el gobierno australiano y por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, Judicial System Monitoring Programme
(JSMP), reclamó que “los tratados internacionales de derecho apoyan
específicamente el derecho que las mujeres tienen de acceder a métodos
abortivos seguros”, incluso en casos de embarazo por violación o
incesto, o en los que el feto es anormal. Haciendo eco de los
argumentos presentados en otra oportunidad por el Centro de Derechos
Reproductivos con base en Nueva York, el JSMP hizo referencia a
tratados como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (en inglés, CEDAW) y la Convención sobre
los derechos del Niño. No obstante, estas afirmaciones no tienen
sustento dentro en el marco de lo establecido por estos tratados, ni
por ningún otro que haya sido firmado por Timor Oriental.
El ex embajador de los Estados Unidos en ese país, Grover Joseph Rees, dijo a Friday Fax
que “reclamar que el acceso al aborto es un derecho humano
internacionalmente reconocido” es “escandaloso”, y, a la vez, elogió a
los timorenses por “mantenerse fieles a los mejores valores y
tradiciones de Timor –en este caso, al principio de respeto por toda
vida humana, inclusive la vida de los niños en gestación”.
Timor Oriental comparecerá ante el comité
encargado de supervisar el cumplimiento de la CEDAW el próximo mes, y
ya ha presentado un informe que responde a los cuestionamientos sobre
su legislación a favor de la vida. Se anticipó que el comité de la
CEDAW presionará al país a causa de la recientemente aprobada legislación.
Traducción: Luciana María Palazzo (Tucumán-Argentina)
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By Samantha Singson
Los Estados Miembros dieron un paso hacia delante esta semana, en la
sede de las Naciones Unidas, respecto de la creación de una nueva
“superagencia” de la mujer. El mes pasado, las naciones retrocedieron
cuando algunos miembros de la ONU insistieron a los gobiernos que
aprobaran la creación de una nueva entidad sin que se hubieran provisto
detalles sobre el presupuesto, la estructura, el personal ni sobre su
mandato. En la reunión de esta semana, se presentó a los Estados
Miembros una “respuesta unificada” del Secretario de la ONU, en la que
se detallan aspectos sobre el personal y las proyecciones de costos
para una nueva "entidad de género" de la ONU.
Durante al
menos tres años, la ONU ha tratado la reforma de la “arquitectura de
género” mediante la creación de una entidad centralizada que sería
“líder y voz en la igualdad de género y la atribución de poder a las
mujeres” y que, a su vez, estaría "adecuadamente financiada y tendría
autoridad y capacidad para guiar y responsabilizar al sistema de las
Naciones Unidas”. En la presentación de la nueva entidad de género a
delegados de la ONU, la Consejera del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre asuntos de género, Rachel Mayanja, aseguró que la
nueva entidad se proponía alcanzar una “cobertura global”.
Actualmente, todas las organizaciones del sistema de la ONU tienen la
orden de abordar los derechos de género y de las mujeres. Además,
existen cuatro entidades que han sido encargadas de ocuparse de asuntos
sobre las mujeres: la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de
Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI, por sus siglas en inglés), la
División para el Adelanto de la Mujer (en inglés, DAW), el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la
Mujer (en inglés, INSTRAW). Las cuatro divisiones cuentan con un total
de 278 empleados y, actualmente, los fondos para dichas dependencias
ascienden a no mucho más de 88 millones de dólares.
La
respuesta unificada indica someramente que la nueva entidad de la ONU
requerirá de más de mil empleados, cuyos salarios anuales insumirán un
total de 300 millones de dólares. Se estima que el presupuesto anual
para esta entidad “extra grande” (con seis divisiones “en sede”, cinco
oficinas regionales y decenas de oficinas nacionales) demandará mil
millones de dólares anuales, que incluyen financiación obligatoria de
los Estados Unidos y de otros grandes donantes de la ONU.
Organizaciones no gubernamentales feministas radicales, como Igualdad
Ya y la Organización de Mujeres para Medio Ambiente y Desarrollo (WEDO,
por sus siglas en inglés), han realizado una ardua campaña en pos de la
entidad de género junto a destacados ex funcionarios de la ONU, como
ser Stephen Lewis, ex Subdirector Ejecutivo del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y antiguo Enviado Especial de la ONU
para el Sida en África. El año pasado, WEDO lanzó una campaña oficial
por la reforma de la arquitectura de la igualdad de género, conocida
como Campaña GEAR, en la que ejercía presión para establecer una
“entidad para la mujer que sea más fuerte, esté consolidada y tenga
mayor estatus”. Trescientas organizaciones ya se han sumado a esta
campaña.
A pesar de que los Estados Miembros han solicitado
más tiempo y detalles sobre la nueva entidad, los funcionarios de la
ONU hacen todo lo posible para que se tome una rápida decisión. Estos
últimos argumentan que existe “una necesidad apremiante de actuar
decididamente, sin más demoras, para dotar mejor a la ONU con una
capacidad institucional adecuada, a fin de concretar plenamente la meta
de la igualdad de género y la atribución de poder a las mujeres”. Se
espera que los Estados Miembros arriben a una decisión final en lo que
respecta a la estructura y la provisión de fondos destinados a la nueva
“superagencia para la mujer”, y que presenten una resolución para ser
firmada en la Asamblea General, en la segunda mitad del año.
Traducción: Luciana María Palazzo (Tucumán-Argentina)
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Conservadores asisten
a un encuentro mundial
en Ámsterdam
Por Austin Ruse
(WASHINGTON, DC – C-FAM) Se espera que unos cuatro mil
tradicionalistas se reúnan en la liberal Ámsterdam, en los Países
Bajos, del 10 al 12 de agosto, para asistir al Congreso Bienal de
Familias, que convoca a intelectuales, académicos, encargados del
diseño de políticas,
funcionarios públicos y activistas, a fin de compartir tres jornadas de
discursos y conferencias, y forjar vínculos.
Los Países Bajos
aventajaron ampliamente a otros cuatro países que se postularon como
sede de lo que se considera como la reunión de conservadores más grande
del mundo.
Rusia,
Bolivia, Letonia y Nigeria quedaron atrás cuando se advirtió que la
propuesta neerlandesa contaba con el apoyo de las autoridades liberales
del país, que se comprometieron a no interferir en lo que será un
programa conservador, desde el punto de vista político. Leer más
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Defensores de “derechos reproductivos” galardonados con el Premio de Población
de Naciones Unidas
Por Samantha Singson
(NUEVA YORK - C-FAM) Esta semana, el Fondo de Población de la ONU llevó
a cabo la ceremonia anual de entrega de premios en la sede de las
Naciones Unidas.
En esta oportunidad, se distinguió a un médico y a una
organización, por su “destacada contribución” en asuntos sobre
población, lo cual
incluye la defensa de la planificación familiar y de los “derechos
reproductivos”.
Los galardonados fueron el dr. Mahmoud Fathalla, ex
asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación
Internacional de Paternidad Planificada., y una ONG nicaragüense que
criticó al gobierno de su país
por penalizar el aborto en todos los casos.
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Un comité de la ONU afirma que las leyes nicaragüenses pro-vida violan la Convención contra la Tortura
Por Piero A. Tozzi
(NUEVA YORK - C-FAM) El comité de la ONU que supervisa el cumplimiento
de la Convención contra la Tortura declaró que la protección absoluta
de la vida en gestación contemplada en las leyes nicaragüenses
constituye una violación de las obligaciones a las que el Estado está
sujeto por
adherir a la Convención. Es la primera vez que este comité examina a
Nicaragua desde que el gobierno penalizó el aborto en todos los casos,
tres años atrás. Leer más
Nuevo enfoque del derecho
al aborto en la ONU
Por Susan Yoshihara, Ph.D
(NUEVA YORK - C-FAM) Los defensores del derecho al aborto en las
Naciones Unidas van en busca de un nuevo enfoque que no mencione el
aborto, promueva el derecho a la salud materna e imponga normas sobre
“derechos reproductivos” en los Estados Miembros. Al parecer, lo que
motiva el cambio es
la creciente confianza de los activistas y funcionarios de la ONU,
quienes creen estar a punto de conseguir el derecho internacional al
aborto.
Leer más
DIPUTADOS SANCIONÓ VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
www.notivida.org- boletin Nº 581- 12-03-09
La Cámara baja sancionó hoy, durante la primera sesión del año, el Proyecto de ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Un día histórico para las feministas que festejaron en las barras.
Por Mónica del Río
En la sesión del día de la fecha y en el marco del Día Internacional de la Mujer, los diputados sancionaron, por 174 votos a favor y ninguno en contra, la Ley de violencia contra la mujer. No apoyó la iniciativa Nora Ginzburg que se abstuvo. El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado el 26 de noviembre de 2008 (Vid, entre otros, Notividas 566 y 568).
El feminismo, que transformó la lucha de clases en una lucha entre los sexos, usa, como el marxismo, la dialéctica hegeliana. Por eso el proyecto asume que el victimario siempre es un hombre: “La mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce” (art. 9 inc.l); “asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen” (art. 9 inc.p); “Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia” (art.10 inc.7). Sin embargo, para ejercer violencia no hace falta tener un determinado sexo, alcanza con poseer algún tipo de poder y que su ejercicio degenere en abuso. Una mirada desideologizada sobre la violencia que padece la mujer señala rápidamente que el agresor no siempre es un hombre: hay madres que ejercen violencia contra hijas pequeñas o por nacer, hijas que ejercen violencia contra madres ancianas, jefas que ejercen violencia contra subordinadas, lesbianas que ejercen violencia contra su pareja, etc.
Como ocurre con “discriminación”, el de violencia es una concepto manipulado por la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos” de allí que uno de los “derechos protegidos” en el proyecto sancionado sea “decidir sobre la vida reproductiva” y una de las “modalidades de violencia” la “violencia contra la libertad reproductiva”. Recordemos que los diversos comités del sistema de derechos humanos de la ONU consideran violencia toda traba legal, familiar o social que impida el aborto en cualquier momento del embarazo. Tal como ocurrió en el Senado, la vinculación entre "no violencia" y aborto se hizo palpable durante el debate.
La defensa del proyecto la realizó la titular de la Comisión de Familia, Mujer y Niñez, la kirchnerista Juliana Di Tulio, que le pidió a sus pares un mayor compromiso con la “Agenda de Género” para saldar deudas parlamentarias como el aborto.
Marcela Rodríguez (Coalición Cívica, BsAs), autora del dictamen de minoría, lamentó que la ley no fuera “más ambiciosa”. Durante la votación se abstuvo junto a sus compañeras de bloque Elisa Carca y Susana García.
Silvia Augsburger (PS, Sta.Fe) justificó la premura en el tratamiento del proyecto porque “ratifica la estrategia del movimiento feminista que instala, durante el año calendario, fechas claves para tratar los derechos de los mujeres”. Destacó que el año pasado con ocasión del Día de la Mujer se aprobó la Agenda de Género (Vid Notivida 497) y este año la Ley de violencia contra la mujer.
Cecilia "Checha" Merchán (Encuentro Popular y Social, Cba) dijo que era una ley pendiente, pero -agregó- hay otras cosas pendientes relacionadas con la situación de las mujeres: la despenalización del infanticidio (aludió al caso Romina Tejerina), la incorporación efectiva de las píldoras del “día después” en el Programa de salud sexual, y la despenalización de aborto.
Claudia Bernazza (FpV, BsAs): “es una avance en la lucha de las mujeres pero esto es un sólo un capítulo, la lucha continúa”.
Margarita Beveraggi (UCR, Chaco): manifestó su reconocimiento a la “participación y perseverancia del movimiento de mujeres” y señaló que sus integrantes son “las actoras reales en estos temas”.
Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social, CapFed): reclamó la despenalización del aborto “un tema postergado en la agenda de protección de los derechos de las mujeres”.
Fernanda Gil Lozano: la diputada de la Coalición Cívica colgó de su banca un cartel sobre mortalidad materna, el caballito de batalla de los abortistas.
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-política y aborto
El Comité de CEDAW encara
una contención de diferentes
países en contra del aborto
Por: Samantha Singson
(NEW YORK – C-FAM) El comité encargado de supervisar el estado de
cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de
Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), concluyó su última
ronda de sesiones, presionando a cada una de las ocho delegaciones que
se encuentran en reexaminación de su política del aborto, a pesar de
que el tratado no toca el tema. Dominica, Armenia, Haiti, Cameron,
Libia, Rwanda, Alemania y Guatemala fueron cuestionados sobre el tema
cuando el comité se reunió el mes pasado en Ginebra.
Para
el Comité de CEDAW se ha vuelto una práctica común que los miembros
trataren de falsificar vínculos entre elevadas tasas de mortalidad
materna y aborto ilegal o clandestino con el fin de presionar a los
estados a cambiar sus leyes.
Miembros del comité
presionaron a Rwanda a celebrar debates públicos sobre sus leyes del
aborto y preguntaron si tienen algunos planes con respecto a ofrecer
abortos a niñas. El representante ruandés respondió: “Quizás estamos
más preocupados de los que ya están vivos, que de matar a los bebés
por venir”
Antes de la reunión, el comité mandó preguntas
de forma escrita a las delegaciones y pidió a Camerún reportar cómo han
implementado las previas recomendaciones de CEDAW de “revisar la ley
del aborto e incrementar el acceso a este, y la disponibilidad de los
anticonceptivos.” En su repuesta escrita, el gobierno de Camerún
castigo al comité por tratar de “elevar” el aborto al rango de un
derecho humano.
Aparte de Camerón y Ruanda,a Haití y
Guatemala les solicitaron específicamente que tenían que revisar y
modificar sus leyes con respecto al aborto en las recomendaciones
finales del comité.
El aborto no es mencionado en el
tratado y los miembros del comité de CEDAW mantienen oficialmente que
el tratado es neutral en lo que concierne al aborto. Frecuentemente las
delegaciones siguen la línea del comité cuestionándose sobre el aborto,
proporcionando información y contestando peticiones sobre el tema
durante sus revisiones, con el entendimiento de que las preguntas no
están basadas en las obligaciones del tratado sino en las
interpretaciones personales de los estados miembros.
Mientras el comité pretende mostrar neutralidad ante el aborto, se ha
encargado de la reinterpretación de este tratado jurídicamente
obligatorio tratando de incluir el aborto en las previsiones del
tratado que tratan sobre el derecho a la salud. Para evidencia
adicional no se necesita buscar más allá del reporte anual publicado
recientemente que detalla las revisiones de 16 países en 2008. Nueve de
estos países han sido presionados para liberalizar ó modificar sus
leyes de aborto. En el caso de Eslovaquia, el comité de CEDAW fue aún
más allá y criticó al estado por proteger el derecho de objeción de los
trabajadores del sector a realizar abortos.
Como uno de los
últimos países que no ha ratificado a CEDAW, es los Estados Unidos
esto ha sido objeto de presión para hacerlo. El nuevo presidente del
los EUA, Barack Obama, ya ha indicado que presionará por conseguir la
ratificación. Quienes apoyan la ratificación, como la senadora
abortista de EU, Barbara Boxer, insisten que el aborto no es parte de
CEDAW, a pesar de evidencia de lo contrario por parte de los miembros
del comité CEDAW.
El comité de CEDAW se reunirá
próximamente en Nueva York en julio para la revisión de Argentina,
Azerbaiyán, Bután, Guinea Bissau, Laos, Japón, Liberia, España, Suiza,
Timor del Este y Tuvalu. De estos países, cuatro ya recibieron
peticiones preparatorias en cuanto a su política sobre el aborto.
Traducción: Paola Ocejo, Katharina Rothweiler
Katharina Rothweiler <FridayFaxEspanol@c-fam.org>
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